JUSTICIA UNIVERSAL VERSUS IMPUNIDAD NACIONAL

Carlos Ayala Ramírez, director de Radio YSUCA


Con gran expectativa hemos recibido la noticia de que un juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ordenó la detención y encarcelamiento inmediato de 20 militares y ex militares salvadoreños. En el auto de procesamiento, Velasco los responsabiliza de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de crimen de lesa humanidad o contra el derecho de gente. Asimismo, decreta la prisión provisional comunicada y sin fianza, busca y captura nacional e internacional de Rafael Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca, Óscar Alberto León, Carlos Camilo Hernández, y René Yusshy Mendoza. Todos ellos han sido llamados por requisitorias para que en el término de diez días comparezcan ante ese juzgado central, bajo la advertencia de que serán declarados rebeldes si no acatan.

En el auto de procesamiento (un documento de 77 páginas) se afirma que los jesuitas — especialmente Ellacuría— habían asumido un papel de liderazgo para favorecer la apertura de negociaciones de paz entre el FMLN y el Gobierno durante la guerra civil en El Salvador; ese fue el motivo fundamental de su asesinato, según el juez Velasco. En el documento también se recuerda la operación psicológica-militar lanzada por la Fuerza Armada durante la ofensiva de 1989. Explica que, en lo que parecía ser un micrófono abierto “espontáneo”, se recibían denuncias —difundidas en cadena de radio— sobre Ellacuría y los jesuitas, a los que se acusaba de ser “terroristas” y “el cerebro del FMLN”. El vicepresidente de ese momento, Francisco Merino, acusó a Ellacuría de “envenenar la mente” de los jóvenes salvadoreños en las instituciones educativas jesuitas. Las denuncias eran públicas, y se produjeron con la aprobación y la implicación del Comité de Prensa del Ejército; el objetivo era crear un clima adecuado para matar a los sacerdotes retratándoles como “el enemigo”, señala el escrito judicial.

Ahora bien, con respecto a los acusados, no es la primera vez que se mencionan estos nombres. Recordemos que la Comisión de la Verdad, creada en su momento para el conocimiento público de hechos de singular trascendencia, llegó en torno a este caso a las siguientes conclusiones. Primero, existe sustancial prueba de que el entonces coronel René Emilio Ponce, en la noche del 15 de noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el general Juan Rafael Bustillo, el entonces coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes, dio al coronel Guillermo Benavides la orden de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría, sin dejar testigos. Segundo, existe plena prueba de que posteriormente todos estos oficiales, y otros en conocimiento de lo ocurrido, tomaron medidas para ocultarlo. Tercero, el coronel Guillermo Benavides, la noche del mismo día 15, informó del asesinato que le había sido ordenado a los oficiales en la Escuela Militar. Cuando le preguntó a esos oficiales si alguno estaba en desacuerdo, todos guardaron silencio.

En otras palabras, los nueve militares que posteriormente fueron procesados penalmente por los asesinatos no eran los únicos responsables de semejante acto terrorista y criminal; también había que investigar hacia arriba, hacia las cúpulas del Ejército. Esto último no se hizo y no se quiso hacer. Es más, el Fiscal General de la época, cuyo nombre es mejor olvidar, se dedicó desde un principio a restarle importancia a la declaración de la testigo clave, Lucía Barrera, quien aseguró haber visto que la acción criminal la realizaron miembros del Ejército. La justicia nacional se resistió una y otra vez a investigar más allá de los responsables materiales. Y para negar más la posibilidad de conocer la verdad, se decretó una ley de amnistía que terminó favoreciendo a los victimarios materiales e intelectuales.

No obstante, el magistrado español inició la investigación en enero de 2009, tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con el apoyo de familiares de las víctimas. En la querella también se acusaba al expresidente Alfredo Cristiani de encubrimiento, pero el juez Velasco decidió no procesarlo. Así, como la ley nacional no tiene peso para administrar justicia, se ha recurrido a un tribunal internacional, para que al fin puedan encontrarse la verdad y la justicia en torno a este crimen de lesa humanidad.

Conocida la noticia, hemos observado las primeras reacciones. El expresidente Cristiani regresó a su discurso reiterado de no volver al pasado, que en definitiva significa continuar reprimiendo la verdad. Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha declarado que ese caso ya fue procesado y penalizado; otra forma de justificar la impunidad. Algunos políticos de derecha al menos han tenido la lucidez de declararse ignorantes de la justicia universal. En todo caso, hay que volver a decir que si un crimen de esta naturaleza (crimen terrorista o contra el derecho de gente) queda impune, constituye un gran impedimento para alcanzar la paz en El Salvador (la paz solo se construye con la justicia). Y es también una mala señal para alcanzar la seguridad en el país, amenazada ahora por otra forma de crimen organizado, no directamente vinculado a las instituciones del Estado, pero sí con capacidad de influencia en las esferas de poder económico y político.

El espíritu que anima esta iniciativa no es volver al pasado cercano con sed de venganza, sino con sed de justicia que no excluye el perdón. No hay que olvidar que una de las Bienaventuranzas proclama felices a los que tienen hambre y sed de justicia; y les hace una promesa: ¡serán saciados! Esta es la razón de nuestra expectativa: satisfacer la necesidad colectiva de justicia como fuente primordial de redención del mal de la impunidad; particularmente en un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.